Hoy no hablaré yo, dejaré que otros lo hagan por mi, ayer una amiga me mandó un artículo en el cual se defendía lo que muchos pensamos. Yo no estoy a favor de que la escuela pública sea el único recurso para las familias pero si que sea la opción más viable y sana de que un estado funciona, de que podemos proporcionar una educación de calidad que garantice la gratuidad que sea para todos y todas que sea democrática y Laica ( se que esto último es mucho pedir para los tiempos que corren).
La escuela que se propone en la próxima ley educativa nos lleva más de 40 años atrás, pero hoy será Tomás Muñoz el que os lo cuente. En este artículo sacado de el periódico "El Diagonal"
LEY WERT | LEGALIZA LA FINANCIACIÓN PÚBLICA DE LOS CENTROS SEGREGADOS
La educación pública retrocede
30 años
El Consejo de Ministros aprueba un cambio de modelo educativo sin consultar a la comunidad educativa.
Los centros públicos competirán entre sí en un ranking de resultados y los directores se convertirán en gestores orientados a la rentabilidad.
TOMÁS MUÑOZ (REDACCIÓN)
LUNES 1RO DE OCTUBRE DE 2012. NÚMERO 182
En la rueda de prensa posterior al Consejo de
Ministros en el que se presentó el nuevo anteproyecto de ley educativa, las
únicas preguntas dirigidas por los periodistas al ministro de Educación, José
Ignacio Wert, trataron sobre la recentralización que supone que el ministerio
pase a decidir del 55% al 65% del contenido curricular en detrimento de las
consejerías autonómicas de educación, además de una pregunta cuestionando la legalidad
del traslado forzoso de docentes. Ninguno de los periodistas le planteó
al ministro si había consultado a la comunidad educativa su proyecto de reforma.
“Llevamos años oyendo que no se pueden cambiar leyes
educativas sin llegar a consensos y [Wert] la ha sacado absolutamente solo sin
contar con padres, profesores ni nadie de la comunidad educativa”, afirma
indignada Cecilia Salazar, de Ciudadanos por la Educación Pública. A José Luis Pazos,
presidente de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres del
Alumnado (FAPA) Giner de los Ríos, de Madrid, le llama la atención
que una reforma que se plantea “en supuesto beneficio de los alumnos y
las familias, se haga sin tener en cuenta ni la opinión de los alumnos ni la de
las familias”.
CONTRARREFORMA IDEOLÓGICA
El ministro Wert aseguró que su reforma no era
ideológica, aunque no explicó de forma convincente por qué. En la comunidad
educativa hay un amplio consenso en sentido contrario. Para Enrique Díez,
coordinador federal del área de educación de Izquierda Unida, “está fuera de duda
que desde sus prejuicios ideológicos han establecido sus pautas aplicables a la
educación, y su modelo está muy claro: es un modelo para que los ricos
puedan llegar a los puestos más altos, que serán los másters y los doctorados;
los grados para la clase intermedia técnica y el resto en una precariedad
permanente en un mercado laboral en permanente rotación”.
Guillermo Valenzuela, profesor interino que participa
en la Marea Verde de Aragón, también cree que es
una reforma ideológica porque “profundiza en la supeditación de la educación al
mercado laboral. El proceso educativo se diseña en función de las
necesidades que tiene el mercado laboral y se concibe que los estudiantes son
solamente futura mano de obra. La educación no tiene un sentido por sí
mismo”. Cecilia Salazar añade que “la segregación muy temprana de alumnos lo
que propiciará es que pocos alumnos lleguen a bachillerato y sean desviados
hacia un mercado laboral de mano de obra muy barata”.
TRES VÍAS DE SEGREGACIÓN
La primera segregación se producirá con los llamados
“programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento”, en 2º y 3º de la ESO,
en los que se agruparán alumnos con dificultades que recibirán contenidos
devaluados. La segunda segregación llegará al terminar 3º de ESO. Un segmento
del alumnado, el que más dificultades arrastre, será desviado a un curso puente
que impedirá el reenganche al bachillerato. Estos ciclos de Formación
Profesional Básica sustituirán a los actuales Programas de Cualificación
Profesional Inicial (PCPI). Cecilia Salazar explica que “los PCPI estaban
pensados para alumnos de más de 16 años que iban a dejar el centro; era un
intento para reenganchar de alguna forma y que pasasen a Formación Profesional
de Grado Medio”. Sin embargo, “en la ley Wert se convierte en una salida, es
decir, tiran directamente un alumno a la basura. Esto que antes era un
‘recoger’, ahora es una salida que no va a ningún lado, porque no hay
titulación de ESO para este itinerario”. Enrique Díez va un poco más lejos y
cree que “no sólo es para que salga mano de obra barata, sino para que
salga cuanto antes”. En el texto del anteproyecto se puede leer que ‘se
animará a estos programas a los que tengan una situación socioeconómica
desfavorable’. Para Díez, “equipara la pobreza con la poca capacidad
para el estudio”.
La tercera
vía de segregación se hace a través de asignaturas optativas para que en 4º de
la ESO los itinerarios para FP y para el bachillerato estén bien diferenciados.
Para Enrique Díez, “la consecuencia es que deriva a la población escolar con
más dificultades o menos recursos hacia la FP de grado medio o hacia el mercado
laboral. Por tanto, convierte a la FP en una vía de segunda categoría. Cuanto
antes se segrega, más se atenta contra la igualdad de oportunidades”.
Una de las razones esgrimidas por el ministro para
implantar la segregación en itinerarios ha sido la mejora de los datos de
fracaso escolar. El catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la
Universidad de Cádiz, J. Félix Angulo, en un informe difundido por Soy
Pública, explica que “dicha división en itinerarios pretende
segregar disfrazando de esta manera el fracaso escolar”. Para el
catedrático, el fracaso escolar es un problema de clase social, ya que la
proporción entre hijos de trabajadores del sector servicios (profesionales y
gerentes) e hijos de trabajadores sin cualificación es significativa: con respecto
al acceso al bachillerato, por cada 2,7 alumnos del primer grupo llega 1 del
grupo de trabajadores no cualificados, en FP la proporción es de 0,4 por cada
1; en cuanto a abandono de los estudios tras la secundaria es de 0,5 por cada 1
y el ratio de alumnos que abandonan la secundaria es de 0,12 –de la
descendencia del primer grupo– por cada uno del grupo segundo.
La
segregación viene acompañada de una nueva FP, con formación dual, una parte en
la empresa y otra en el centro educativo, copiando el modelo alemán. No
obstante, y como apunta Cecilia Salazar, “aquí no existe un tejido empresarial
que pueda absorber eso y dar una formación efectiva al alumnado. En grandes
empresas puede que sí, pero aquí lo que hay fundamentalmente son pymes que no
pueden absorber a todas estas personas, por lo cual no tiene el menor sentido
fuera de que se realiza trabajo gratis”.
El anteproyecto planteado por Wert introduce tres
exámenes-reválida al término de cada etapa educativa (6º de primaria, 4º ESO y
2º Bachillerato), que serán realizados de forma externalizada, no por los
profesores del centro. Para el catedrático J. Félix Angulo “no son pruebas
de diagnóstico, sino que abren o cierran la posibilidad de continuar estudiando
o bien marcan (como en primaria) al alumnado para el resto de su escolaridad,
clasificándolo”. Guillermo Valenzuela indica que es profundizar “en la línea
pedagógica que incide en la importancia del examen y de la evaluación. Todo
el proceso educativo tendría como fin último poder pasar esas pruebas. Es
un sistema de evaluación doblemente reduccionista. Hay muchas maneras distintas
de evaluar un proceso de aprendizaje, y nosotros criticamos que la única manera
de evaluar sea esa”.
Enrique Díez cree que esto muestra que la educación se
concibe “no como algo que te sirva para desarrollarte, sino como un campo
permanente de obstáculos, un suplicio permanente como si esto fuera un vía
crucis”. Además, sostiene que el “modelo busca someter los centros educativos a
las exigencias del mercado, especialmente a la competitividad, y por eso
establece esas pruebas externas a nivel nacional, para ofrecer una
clasificación de colegios según sus resultados, con el fin de que los
‘clientes’ puedan comparar y elegir el centro que más ventajas competitivas les
aporte a sus hijos e hijas en el futuro mercado laboral”.
Cecilia Salazar cree que aquí se pueden dar las mismas
consecuencias que se han dado en países que han implantado este sistema. “Lo
que ha sucedido es que se ha establecido un ránking en función del cual depende
la dotación económica del centro. Esto puede implicar que los centros que
tienen más problemas cada vez tengan menos dinero, por lo que cada vez irán
peor”. Cecilia cree que si la dotación de un centro depende de las notas de los
alumnos en esta evaluación externa, “los profesores no vamos a tener más
remedio que dedicarnos a enseñar exclusivamente cómo se aprueba, porque la
dotación depende de ello. La reflexión crítica, la creatividad, se va a acabar
porque nos vamos a dedicar a hacer pruebas tipo test para que cuando los
alumnos se enfrenten al examen puedan pasarlo”.
En este nuevo escenario competitivo, Enrique Díez cree
que las escuelas se van a hacer más selectivas y van a rechazar al
alumnado que presenta mayores dificultades porque les puede hacer descender la
posición en el ránking. “Esto tiene que ver con que se instaura el pago por
resultados, propio del mundo empresarial”, apunta. La reforma acaba con la
selectividad y cada universidad podrá elegir, si quiere, sus pruebas de acceso,
como se hace en el mundo anglosajón.
SIN DEMOCRACIA ESCOLAR
Otra de las novedades que introduce el anteproyecto es
el refuerzo del poder del director, nombrado por la administración y al
que se le exigirá un perfil de gestor acreditado con titulaciones específicas.
El informe de J. Félix Angulo alerta sobre la supuesta autonomía de los centros
que esto supone: “Se convertirá, a través del control que el Gobierno pueda
ejercer por las reválidas que implante, en una autonomía cautiva, que lleva a
una especie de privatización encubierta de la escolaridad”. A Jesús Sánchez,
presidente de la Confederación
Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), le
parece “sangrante la pérdida de capacidad de decisión de los consejos
escolares, en cada centro se le relega a un papel consultivo sin carácter
vinculante, lo que nos parece una tomadura de pelo”. En los consejos escolares
se sientan padres y madres, alumnos y docentes, y actualmente tienen capacidad
de decisión sobre algunos aspectos del centro. Otro padre que participa en la
vida activa del instituto de su hijo, José Luis Pazos, cree que “el ministerio
plantea esto porque entiende que la democracia la tienen que ejercer solamente
unas cuantas personas”. Los profesores también alertan sobre esta medida.
Guillermo Valenzuela cree que generan un modelo de educación “muy autoritario,
concentrándose la gestión del centro en el director, que pasa a tener más
poder”. Guillermo cree que se va a dejar “muy poca autonomía para los
profesores, que tendrán menos capacidad para decidir lo que van a impartir y
cómo van a evaluar”. Además, tiene sus reservas con que los directores
puedan elegir a los interinos, “en nuestro sistema no es más que inducir al
enchufismo y a la corrupción”.
Para Cecilia Salazar es una falta de democracia
absoluta. “Ahora en Madrid tenemos el problema de los profesores irlandeses contratados de forma ilegal por
la comunidad, pero con la Ley Wert sería legal; hasta hoy en los centros
públicos se hace con un baremo, de forma trasparente... Si el director gestiona
esto, se saltan muchos derechos al mismo tiempo”. Enrique Díez cree que va a
suponer “la profesionalización de la dirección escolar como si fueran
gerentes: lo que van es a gestionar los centros públicos con
rentabilidad económica, y no con rentabilidad social”.
A este
cambio de modelo hay que añadirle la degradación que los centros ya han sufrido
con los recortes presupuestarios. Díez asegura que “lo que pretenden es
convertir la educación en un negocio. Los datos de la Unesco dicen que se mueve
en el mundo de la educación dos billones de dólares anualmente. Ahora el
capitalismo ha conquistado toda la geografía, y la última frontera que les
queda son los servicios públicos”. José Luis Pazos cree que la reforma pone la
puntilla a las agresiones presupuestarias. “Se quiere desmantelar gran parte de
los avances que la educación pública ha conseguido en las últimas tres o cuatro
décadas”.
LUCHAS CONTRA LOS RECORTES
DESCONVOCADA LA HUELGA INDEFINIDA Docentes de la Marea Verde de Madrid han
desconvocado la huelga indefinida tras una semana de parón. Entre otras
razones, achacan el seguimiento del 4% a “la dificultad para hacer llegar la
información y al activo boicot por parte de la administración”.
CONVULSO INICIO DEL CURSO Las autoridades públicas que han acudido a actos
de apertura escolar se han encontrado sin prácticamente excepción con protestas
por parte de la comunidad educativa. Al príncipe Felipe y al ministro Wert les silbaron
en un pueblo de Toledo. A Esperanza Aguirre le lanzaron un tupper.
CORTE DE VÍAS EN CANTOBLANCO El jueves 20 se septiembre, la coordinadora de
Cantoblanco en Lucha, que engloba a todos los trabajadores y estudiantes del
campus de la Universidad Autónoma, culminaron la semana de acampada con un
corte de vías durante 15 minutos.
DESOBEDIENCIA CIVIL UNIVERSITARIA Docentes, personal de administración y servicio
y alumnos de las universidades de Madrid han puesto en marcha una campaña de
desobediencia civil en los campus. Entre las acciones sugeridas está no cubrir
funciones de despedidos, sacar las clases a la calle y reflexionar en las aulas
sobre los recortes.
No dejemos que la escuela dependa de ideologías absurdas, familias, educadores,todos estamos juntos para que la escuela pueda educar y no sea un instrumento de manipulación del gobierno de turno.
Creo que hoy tiene mucha fuerza este poema de Gabriel celaya.
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